Especialista del derecho favorece la modificación de la Ley 163-17, sobre Tránsito y Movilidad, no solo para que sea obligatorio el pago de multas por infracciones, si no para que se castigue con la penas de hasta 30 años de prisión a conductores que en accidentes ocasionen la muerte a personas.
Con la normativa actual, las multas prescriben en un año a partir de la fecha en que se cometió la infracción, cuya extinción puede ser solicitada a través de un tribunal especializado, es por ello que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful planteó la necesidad de modificar la iniciativa como régimen de consecuencias.
