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Los enfermos mentales

10 January 2016
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María Mercedes, “la fashionista”, adora los abalorios. Los pasillos del Centro de Salud Mental Padre Billini, enclavado en Pedro Brand, dan fe de ello. Con su protagonismo compite la histriónica Lucía. En el pabellón de hombres, un sociable Rafael lee el periódico bajo el dintel del pabellón que lo confina. Sentado en silla de ruedas porque es amputado, Santiago tiene una expresión serena y los ojos de un azul sin fondo. En algún oscuro lugar, alguien está atado a los barrotes de la cama. En otro, alguien grita.

 

Son 103 internos, hombres y mujeres, la mayoría crónicos, y el resto ingresados en “estancia media”, que por lo general termina en permanente. Sus expedientes clínicos son un vasto catálogo de patologías dominado por la esquizofrenia y la bipolaridad. En sus historias sociales la lista de déficits enfermantes es mucho más prolija. Dos saltan a la vista: la pobreza y el abandono.

Objeto recurrente de la información periodística, el centro de salud mental –una forma políticamente correcta de nombrar la dura realidad del manicomio— es un pequeño mundo que sobrecoge y acusa. No es hoy el lugar apestoso que describen algunos reportajes hechos a la carrera del sensacionalismo. Ni centro de sevicias. Ni se camina sorteando heces y basura. Ni los pacientes andan sucios y andrajosos. Va mejorado y la demolición de ruinosos pabellones lo atestigua, como también los intentos de humanizar el entorno con murales, única nota de color en la abismal grisura de la locura. Mas continúa siendo un manicomio, y eso lo es todo.

(Utilice las herramientas bajo la imagen para navegar en la panorámica.)

Ahora el plan es abolirlo. Borrarlo del paisaje. Fundado el 1 de agosto de 1959 como sustituto del alojado en Nigua, que fue también cárcel de opositores a la dictadura, el “manicomio del 28” no tuvo inicialmente, quizá nunca la ha tenido, una verdadera misión rehabilitante. Cuando abrió sus puertas, a él fueron a parar junto a los enfermos mentales, los leprosos, los tuberculosos y los mendigos que afeaban la ciudad trujillista.

Desde entonces, sus avatares han sido infinitos y “el 28” ha continuado cumpliendo, con pocos cambios notorios, la función aniquilante de almacén de locos. Tanta ha sido su resistencia que ha resistido incluso, durante nueve años, la aplicación de la Ley sobre Salud Mental, promulgada en febrero de 2006.

“La cenicienta histórica de la salud pública ha sido la salud mental”, dice categórico el doctor Ángel Almánzar. Las razones de que así haya sido remiten a un inercial descuido del sistema provocado por la falta de voluntad política y la casi nula disponibilidad de recursos.

Director de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Almánzar avanza de puntillas por el minado terreno de la admisión de culpas. Pero el desastre es obvio y no admite circunloquios. Si la salud mental ha sido la preterida del sistema, como afirma, obedece a la renuencia a encarar el elevado costo de los servicios y a la irresponsable ceguera frente a un problema de dimensiones casi catastróficas.

Pongámoslo de este modo para entenderlo: si de cada cien dominicanos y dominicanas veinte sufren algún grado de depresión, si el uno por ciento padece esquizofrenia y los trastornos del sueño y su correlato de ansiedad crecen como la verdolaga, es forzoso admitir una verdad de Perogrullo: la dominicana es una sociedad peligrosamente enferma.

En carta que resulta una apasionada defensa de la locura, el poeta, ensayista y actor francés Antonin Artaud escribía en 1941 a “todos los directores de asilos de locos”, en uno de los cuales se hallaba, que “los locos son las víctimas individuales por excelencia de la dictadura social”. En nombre de esa individualidad enrostraba a las autoridades manicomiales que no entraba en “las facultades de la ley el condenar a encierro a todos aquellos que piensan y obran”.

Han pasado más de setenta años desde la muy célebre carta de Artaud, y es solo ahora cuando, guardando la distancia, en la República Dominicana se plantea terminar con el encierro carcelario del “loco”. Por lo menos así está inscrito en la llamada Estrategia para la ampliación de la cobertura de los servicios de salud mental, presentada hace apenas unas semanas por el Ministerio de Salud Pública. El hospital psiquiátrico tal y como se conoce hoy, será cerrado.

Bien provisto de documentos, Almánzar describe los objetivos perseguidos: un mayor número de unidades de intervención en crisis (UIC) y remodelación de las existentes; crear condiciones de ingreso de enfermos mentales en los hospitales con servicios psiquiátricos; conversión del manicomio en residencia para enfermos crónicos abandonados; crear centros de salud mental comunitaria; capacitar en salud mental a personal del área e instaurar un sistema de monitoreo y evaluación. Y claro, apuntalar el trabajo psicosocial e involucrar a las comunidades en la aplicación de la estrategia.

Pero hay quienes recelan de que sea verdad tanta belleza. Entre ellos el médico psiquiatra Hamlet Montero, jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Vinicio Calventi, quien, día tras día, debe vérselas con los enfermos que acuden o son llevados forzosamente a consulta.

Montero no duda de las buenas intenciones de las autoridades de Salud Pública, pero desconfía de los resultados y le irritan la improvisación del proceso estratégico y su colindancia con el autoritarismo. “Tenemos que ver –dice-- qué vamos a hacer con el sistema en general, porque tenemos una mezcla diversa de pacientes”. En lenguaje que pasma al lego, Montero cita tres grandes grupos que demandan intervenciones diferenciadas: los que sufren de discapacidad intelectual, los trastornados y los dementes. Imposible meterlos a todos en el saco de las mismas respuestas terapéuticas.

No se trata pues de cuestiones meramente operativas. De levantar edificios que engrosen el material propagandístico. Está la institucionalidad y están también los derechos que consagra la ley a los enfermos mentales. Una ley que, según Montero, parece sueca de tan perfecta, pero que igual obliga a los dominicanos a respetar sus contenidos. Y precisamente por esto último, cerrar el Psiquiátrico Padre Billini, como lo propone la Estrategia, no le parece razonable.

“Manicomio es una palabra terrible –aduce— pero sigue siendo el lugar de investigación. Abolir el Psiquiátrico no es la salida porque necesitamos un espacio para seguir investigando y comprender ciertas cosas”. Y porque, asimismo, el enfermo necesita de un lugar en donde pueda permanecer cuando a su deterioro se agrega la desolación del abandono.

Además, Montero esgrime una visión conceptual que implica una suerte de descolonización del conocimiento psiquiátrico. Pese a la pequeñez del país, el cómo se manifiestan las enfermedades mentales de una región a otra no es unívoco, ni siquiera en las formas que utiliza el lenguaje coloquial para nombrarlas. Agréguele el sincretismo religioso de las provincias fronterizas y verá por qué la teoría diagnóstica y terapéutica norteamericana, que es el referente local, sirve para tan poco en la realidad de esa media isla.

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